La Cámara de San Martín, otorgó a los prefectos acusados de haber participado en el homicidio del represor Héctor Febres, el “beneficio de la duda”. La jueza federal de San isidro, Sandra Arroyo Salgado, no renuncia a la caracterización que Febres fue silenciado para evitar que involucrara a otros represores y aportara información cuando le tocara hablar en el juicio oral, el 14 de diciembre. La magistrada buscará profundizar y completar la investigación con elementos que prueben el homicidio.
“Atrás de esto hay un mensaje”, comentó a este diario una alta fuente judicial respecto de la muerte del prefecto. Arroyo Salgado completará las medidas que tenía previstas para avanzar en la responsabilidad de mayor nivel jerárquico: la postergada declaración indagatoria del ex jefe de la Prefectura y la citación del jefe de la Armada, Jorge Godoy.
Más allá de la calificación legal que termine teniendo el caso, punto en el que la Cámara discrepó con la jueza, el fallo de segunda instancia convalidó la investigación sobre las concesiones y privilegios que gozó Febres durante el tiempo que pasó en la sede Delta de la Prefectura, con prisión preventiva: visitas ilimitadas, celulares, computadora, departamento privado, salidas a veranear en la base naval de Azul, utilización de las instalaciones para festejos familiares, entre otros beneficios impensados para cualquier preso. Por eso, la Cámara mantuvo el procesamiento por abuso de autoridad del prefecto Mario Volpi, a cargo directo del represor, y del jefe de la sede Delta, Roberto Iglesias.
Asimismo en la resolución, en Cámara se confirma que el ex enlace entre la Prefectura y la Armada en la ESMA tuvo un “régimen elástico no reglamentario de detención”, lo cual habilitaría a la jueza a abordar las responsabilidades que van “más allá” de Volpi e Iglesias (los prefectos involucrados) en línea ascendente en la cadena de mandos.
Varios elementos contradictorios se acumulan en la resolución de la Cámara, y la suma de ellos en el fallo deja la causa de Febres al punto inicial “vuelve a fojas cero”, tal como lo denunciaron los querellantes de Justicia Ya; y la responsabilidad de la Armada y de la Prefectura en el envenenamiento de Febres se mantiene intacta, a pesar del fallo judicial que liberó a los dos prefectos como al concurso necesario y ocultamiento de pruebas por parte de la familia de Febres.
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